La tasa de condena del 99,9 % en Japón

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 ¿Cómo llegó Japón a su actual sistema de derecho penal?


El derecho penal en Japón puede dividirse históricamente en los sistemas de preguerra y posguerra. En la era Meiji [1868-1912], cuando el país se estaba modernizando rápidamente, Japón promulgó una constitución de estilo occidental que establecía al emperador como jefe de estado soberano. En virtud de ese documento, contaba con un sistema inquisitorial inspirado en el de Alemania. Tras la Segunda Guerra Mundial, adoptó la Constitución de Japón que establecía la soberanía del pueblo, y bajo la influencia de los conceptos jurídicos estadounidenses cambió a un sistema acusatorio.

El cambio de sistema jurídico representó un cambio fundamental en el enfoque jurídico de Japón. Sin embargo, no fue una ruptura limpia, ya que Japón trasladó muchos legados institucionales del sistema Meiji al marco de la posguerra. El resultado es que el sistema jurídico japonés difiere del modelo estadounidense hasta tal punto que muchos expertos en derecho lo consideran no un verdadero sistema sino un pseudo sistema adversarial.


El papel de los jueces

El modelo inquisitorial es un sistema de dos caras, con un juez de instrucción que representa al Estado y al acusado. Se acerca más al sistema penal tradicional de Japón, en el que el juez desempeña un papel activo en la determinación de los hechos, revisando las pruebas, interrogando a las distintas partes para establecer los hechos, determinando qué información es aplicable y dictando sentencia.

En comparación, el sistema acusatorio es tripartito y está formado por un juez neutral, la acusación y la defensa. En este sistema, el juez no desempeña un papel activo en la investigación, sino que actúa como árbitro imparcial, sopesando los casos presentados por la acusación y la defensa y dictaminando según la veracidad de las pruebas y los testimonios.

El Estado dominaba el sistema de preguerra hasta el punto de que en la sala del tribunal el fiscal se sentaba junto con el juez en el estrado, pasando por alto al abogado defensor y al acusado. Esta disposición se suprimió cuando Japón adoptó el sistema adversarial, dando a las partes la misma oportunidad de argumentar su caso ante el juez, y el fiscal se sienta ahora frente a la defensa.

Sin embargo, esto no significa que el sistema jurídico japonés haya cambiado por completo. Los juristas japoneses de hoy en día difícilmente abogarían por volver al sistema de antes de la guerra, pero muchos creen firmemente que los jueces deberían tener cierto control sobre los procedimientos en lugar de permitir a los abogados argumentar cada aspecto de un caso con todo detalle. Por supuesto, este punto de vista tiene sus peligros, entre los que destaca el hecho de que algunos jueces de la vieja guardia creen firmemente que pueden saber si la defensa es veraz sin necesidad de revisar todas las pruebas del caso. 

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el sistema de justicia penal de Japón?


Se dice que el sistema judicial japonés se basa en la idea de que es mejor dejar libres a cien culpables que condenar falsamente a un inocente. Sin embargo, en la realidad, los fiscales y la policía prefieren el enfoque más equilibrado de perdonar a los inocentes mientras se asegura que los culpables sean castigados. 

Uno de los problemas es cómo determinar los hechos cuando la acusación y la defensa presentan versiones contradictorias. No todos los casos son claros, por lo que la presunción de inocencia debe ser una prioridad. Lamentablemente, este ideal no es compartido por los fiscales, la policía o el sistema jurídico japonés en su conjunto. 

Naturalmente, la fiscalía hace todo lo posible para garantizar que los delincuentes reciban su merecido, pero al hacerlo también ejerce un alto grado de discrecionalidad a la hora de decidir qué casos perseguir. Los fiscales suelen concentrarse en los juicios en los que la condena está casi garantizada, lo que lleva a la suspensión de alrededor del 60 por ciento de los casos penales en Japón sin una acusación.

¿Cómo se conjugan estos factores para crear la alta tasa de condenas de Japón?


 La respuesta sencilla es que los fiscales tienen una amplia discreción para suspender los juicios, incluso cuando hay pruebas sustanciales, y sólo persiguen los casos que con seguridad terminarán en una acusación. La razón por la que alrededor del 60% de los casos se aplazan es que a los fiscales les preocupa demasiado perder un caso y empañar su reputación. 


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